Malaga

Los vecinos de la zona de San Rafael tendrán que seguir conviviendo con las emisiones de zinc hasta que se complete el traslado de Epcos Electronic a sus nuevas instalaciones en el PTA, aunque al menos tienen la confirmación oficial de que ninguna de las sustancias encontradas en sus casas procedentes de la antigua Siemens está catalogada como residuo peligroso. Así lo han constatado los resultados de la analítica encargada por la Junta de Andalucía de las muestras tomadas el pasado mes de febrero en los alrededores de la factoría de condensadores eléctricos, en la que también se concluye que el nivel de partículas (fundamentalmente zinc) detectadas tanto en el entorno como en las propias chimeneas se encuentran por debajo de los límites legales. De esta forma, el informe elaborado por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente establece que «la actividad cumple la normativa ambiental».

EUROPA PRESS El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona (Málaga) ha tomado declaración en la tarde de este miércoles a dos nuevos imputados no detenidos relacionados con la presunta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística que investiga en la localidad malagueña de Casares, con lo que por el momento son nueve las personas imputadas. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona (Málaga) ha tomado declaración en la tarde de este miércoles a dos nuevos imputados no detenidos relacionados con la presunta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística que investiga en la localidad malagueña de Casares, con lo que por el momento son nueve las personas imputadas. Así, según han informado fuentes judiciales, el juez ha decretado libertad con cargos para P.G., que queda imputado por un delito de prevaricación; mientras que para el segundo imputado no detenido, con iniciales R.D., el instructor ha acordado también la libertad con cargos por un delito de prevaricación, con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. El juzgado está investigado desde finales de 2010 una trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística, supuestamente relacionada con organizaciones criminales, y centrada fundamentalmente en el proyecto denominado Majestic. Inicialmente, en esta operación se autorizó la entrada y registro en 14 inmuebles, incluido el Ayuntamiento de Casares, y se han bloqueado 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos. De las nueve personas imputadas que ya han prestado declaración ante el juez, cinco fueron detenidas, entre ellas, el exregidor de Casares Juan Sánchez, que fue arrestado este pasado lunes y que permanece en prisión hasta que abone la fianza de 200.000 euros impuesta por el juez, que le imputa los delitos de prevaricación relacionada con corrupción urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. También fue arrestada el lunes la esposa de Sánchez, para la que se fijó un plazo para pagar una fianza de 10.000 euros y está imputada por blanqueo de capitales, y un abogado con despacho profesional en Estepona, que quedó en libertad, imputado por blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y relación con organización criminal. Además, tiene la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. El titular del Juzgado decretó el ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros para otra de las detenidas, a la que se le imputan delitos de blanqueo de capitales y relación con organización criminal. Se le ha dado de plazo hasta este viernes para pagar la fianza y mientras deberá acudir todos los días al juzgado y tiene la prohibición de salir del territorio nacional. Asimismo, para otro de los arrestado que pasó a disposición judicial, el titular del Juzgado decretó prisión provisional eludible bajo fianza de 10.000 euros y se le imputa inicialmente el delito de blanqueo de capitales. También tiene de plazo hasta este viernes para depositar la cantidad determinada por el instructor. Respecto a dos imputados no detenidos que comparecieron este martes en el Juzgado, para uno de ellos el juez decretó el ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 20.000 euros por los delitos de blanqueo de capitales y relación con organización criminal, teniendo el mismo plazo para pagar, mientras que el segundo quedó en libertad pero imputado por un delito de blanqueo de capitales.